En las primeras horas de la madrugada del martes, un fuerte operativo policial logró desalojar buena parte de los puestos precarios que se ubicaban en la “recova” frente a Plaza Miserere.

Los vendedores ambulantes y “manteros” no se quedaron de brazos cruzados: cortaron la Avenida Pueyrredón reclamando por su derecho al trabajo y la devolución de la mercadería incautada por la Policía.

El acontecimiento comprimió muchos conflictos que marcan la raíz de la situación que se vive en la Ciudad de Buenos Aires: denuncias de corrupción policial por parte de los manifestantes, la advertencia de Mauricio Macri de terminar con los “piquetes” y cortes, el problema de la venta callejera e ilegal así como también la reestructuración de las fuerzas de seguridad que continuamente destapa un entramado de connivencia con el delito y las mafias.

“Pagamos fortuna por semana al ‘capo general’. También le damos 400 pesos a la Policía para estar acá. ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos”, cuestionó una de las personas mientras cortaban una de las arterias principales de la Capital Federal.

Omar Guaraz, del colectivo “Vendedores Libres”, también criticó la decisión gubernamental de echarlos de la vía pública: “En los últimos cuatro años fueron desalojados 5000 manteros en Avellaneda, Caballito y otros puntos de la Ciudad. Ninguno de esos compañeros fue relocalizado como les prometieron. Las personas que venden en la calle son trabajadores y lo hacen porque no tienen otro medio de vida”.

“El operativo fue pedido por la Fiscalía General a modo de prevención para impedir la venta en el espacio público. Lo que se hizo fue un operativo durante la noche para evitar que los manteros se instalen durante la mañana y el personal de la Ciudad desarmó las estructuras que estaban montadas sobre la recova en Pueyrredón”, explicó luego Luis Cevasco, a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires.

“Las veredas están hechas para circular, no para comerciar. La única manera de estar allí era coimeando a la Policía, pero hoy tenemos una nueva Policía. En Once hay una gran actividad clandestina e ilegal y tiene que terminar”, sentenció.

En horas del mediodía, y mientras funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires censaban a algunos de los vendedores ambulantes para ofrecerle una “relocalización”, comenzaron los problemas importantes: llegó la Infantería y los manifestantes decidieron arrojarle piedras a los efectivos policiales.

Ante el ataque, la Policía comenzó a avanzar con sus escudos y a palazos, lo que dejó el saldo de varios policías y civiles heridos. La tregua que se alcanzo tras el primer “enfrentamiento” abierto sirvió para que algunas ambulancias atendieran a las personas que lo necesitaban.

Pese a ello, las corridas y el avance de las fuerzas de seguridad se reanudaron a los pocos minutos, extendiéndose los problemas a la calles adyacentes. Se multiplicaron, asimismo, la quema de contenedores de basura y los detenidos.

Carla Muzzio, subsecretaria de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, justificó la decisión de desalojarlos de la vía pública: “Tenemos la orden de ir contra la venta ilegal y el uso indebido del espacio. Les damos la posibilidad de sacar el monotributo social, avanzar en un diálogo y que puedan ejercer la venta debidamente, sin ocupar el espacio público”.

“Entramos en diálogo con las personas que actúan de buena fe; no vamos a dialogar con organizaciones ni con personas violentas”, remató la funcionaria porteña.

En medio de la tensa calma, los distintos programas de televisión que cubrían los acontecimientos hablaron con parte de los manifestantes sobre la situación que atraviesan y los problemas que le encuentran a la oferta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Yo vivo con mis cuatro hijos en un parador en Constitución. A mi me cuesta todo un montón. Pero rechazamos la propuesta del gobierno porque no pasa nadie en el galpón, no vamos a vender mercadería: ni un juguetito. La policía encima nos amenaza con que nos va a pegar. Es mentira que somos mafiosos, lo que queremos es trabajar”, señaló una vendedora ambulante en diálogo con Canal 26.

“Después me quieren sacar a los chicos porque trabajo en la calle pero dan vueltas para que los pueda mandar a una guardería o a la escuela. Lo único que hacen es pedirte coimas y tratarte con violencia”, agregó la mujer ante las cámaras.

“No estamos encaprichados, queremos trabajar, queremos un marco regulatorio. No queremos que nos reubiquen atrás de la cancha de Huracán o a quince cuadras de la Reserva Ecológica. Acá se enfrentan dos derechos: el derecho del espacio público y el derecho de comer”, aseguró uno de los referentes de los “manteros” luego de una reunión con las autoridades.

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