Se oficializó la reglamentación de la Ley Nº 27.345, que establece la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.

El paro docente, la masiva movilización de la CGT y las mujeres, sumado a las nuevas cifras de pobreza difundidas por la UCA dejaron un saldo más que negativo para el gobierno de Mauricio Macri.

Con la erosión social de fondo y en medio de cuestionamientos, “Cambiemos” decidió desactivar uno de los pedidos más importantes de los movimientos sociales: la reglamentación de la “Ley de Emergencia Social”.

La normativa fue sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación en diciembre del 2016 y, pese a las promesas, no se había vuelvo a tratar el tema.

Con su reglamentación se creará un Consejo que deberá “diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular”.

De esta manera se busca “promover criterios unificados de elegibilidad y priorización para acceder al Salario Social Complementario”, “proponer mecanismos ágiles para la formalización, regularización y promoción de las unidades económicas de la economía popular” y “formular propuestas y recomendaciones de carácter no vinculante al Poder Ejecutivo Nacional”.

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