La noticia comenzó a circular en las redes sociales en los últimos días y, poco a poco, se confirmó: la administración de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Desarrollo Social, comenzó a dar de baja, sin previo aviso, las pensiones a personas con discapacidad.
Desde junio, el área que dirige Carolina Stanley decidió aplicar el decreto 432 de 1997 bajo la presidencia de Carlos Menem que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión: 70.000 discapacitados ya perdieron su beneficio y se estima que, para realizar el trámite de “reincorporación”, se puede tardar hasta un año.
Según Clarín, hay dos “ejemplos” claros en que el gobierno decidió avanzar en la quita del dinero:
- Se sacó la ayuda a los beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima.
- Sufrieron la baja personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000.
- También se replicaron los casos de baja en que uno de los dos del matrimonio percibía la jubilación mínima, aunque ni siquiera llegasen a cubrir la canasta básica.
Las críticas arreciaron: “El decreto se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, aseveró Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el Partido Socialista (PS).
Para colmo, mientras desde el Ministerio de Desarrollo Social solo indican que se están “ajustando a la ley”, Presidencia de la Nación publicó en los diarios una particular solicitada en donde hablan de “ustedes y nosotros” en alusión a a las personas con discapacidad.
