Lula Da Silva, de 72 años, tiene plazo hasta este viernes a la tarde para entregarse a las autoridades brasileñas luego de que el juez federal Sergio Moro, bandera del “Lava Jato”, ordenara su detención.

Tras pasar la noche en el sindicato metalúrgico ubicado en Sao Bernardo do Campo, San Pablo, el ex presidente tomó la decisión de permanecer allí y no entregarse en Curitiba como dispuso el magistrado.

Vale la pena recordar que el máximo favorito a quedarse con la presidencia en las próximas elecciones fue condenado por anticipado a doce años y un mes de cárcel por “corrupción pasiva” y “lavado de dinero”, como propietario de un apartamento ofrecido por una constructora para obtener contratos en “Petrobras”.

Rosa Weber, la jueza del Supremo Tribunal Federal (STF), que emitió el voto decisivo en la noche del miércoles, aclaró por ese entonces que rechazó el habeas corpus para dar “seguridad jurídica” al país. Por este motivo, resulta poco probable que sea en una instancia judicial nacional donde el líder del Partido de los Trabajadores (PT) encuentre una vía de escape.

No obstante esto, en las primeras horas de la mañana, la defensa de Lula también pidió ante la justicia brasileña y ante la ONU medidas cautelares que impidan que sea arrestado.

Mientras tanto, el Movimiento Sin Tierra realiza cortes de rutas en distintos puntos del país y están convocadas por partidos políticos y organizaciones distintas manifestaciones en las principales ciudades brasileñas para rechazar la medida.

La sociedad está profundamente dividida: desde hace tiempo que el juzgamiento del ex mandatario es percibido, por un lado, como un intento “descarado” de proscripción; como una “venganza” de la élite financiera, eclesiástica y militar contra el sindicalista nacido en el pobre nordeste y que logró notoriedad en el ABC paulista.

Por el otro, amplias franjas de la clase media y alta echan mano a las “turbias” relaciones y acuerdos del PT con sectores del empresariado local durante la última década para condenarlo de antemano y embanderarse en “la lucha contra la corrupción”.

El plazo establecido por la justicia para que se entregue a la Policía Federal expiró a las 17 del viernes pero Lula Da Silva seguía en el edificio del Sindicato de Obreros Metalúrgicos, en medio de miles y miles de personas que lo rodeaban y pedían “¡Resistir!”.

Las fuerzas de seguridad adelantaron que “no estaban dadas las condiciones” para ir a buscar al ex mandatario hasta allí y ponerlo tras las rejas. La situación se mantuvo tensa durante las horas que siguieron.

Luego de otra noche de vigilia, finalmente este sábado, frente a una fervorosa multitud de simpatizantes, el ex presidente de Brasil anunció que en las próximas horas se entregará a la Policía Federal.

Lado a lado con Dilma Rousseff y con el ex intendente de San Pablo, Fernando Haddad, que podría ser candidato a presidente si finalmente la justicia lo proscribe; el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) reiteró su inocencia, se definió como un perseguido político, recordó a su esposa fallecida y acusó a la justicia, la prensa y la élite económica de intentar impedir su candidatura.

“Soy el único ser humano que está procesado por un departamento que no es mío. Tengo la conciencia tranquila. Voy a atender el mandato de prisión”, aseveró ante una gran cantidad de gente que le pedía que no se entregue.

“El fiscal dice que no tiene pruebas, pero tiene convicciones. Que guarde sus convicciones para sus cómplices. Me gustaría que pruebe cuál es el crimen que cometí en el país. Si fue por el crimen de poner a pobres y negros en las universidades, quiero quiero decirles que voy a continuar siendo un criminal en este país. Lo que no se dan cuenta es que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño”, afirmó luego en referencia a la decisión del juez Sergio Moro.

“Soy un ciudadano indignado. Estoy viviendo el momento de más indignación que se puede vivir. Me dicen que vaya a la embajada de Bolivia, de Uruguay. No tengo edad para eso. Los voy a enfrentar mirándolos a los ojos”, remató.

“El golpe no terminó con Dilma. El golpe sólo termina cuando ellos consigan que yo no pueda ser candidato. Yo voy a acatar la orden para transferir la responsabilidad. Ellos no saben que el problema de ese país no es Lula, sino la conciencia del pueblo.

“No alcanza impedir que yo camine el país, porque hay muchos para caminar. Yo voy a cumplir la orden de prisión. Y todos ustedes van a ser Lula y van a caminar por este país. Ellos tienen que saber que la muerte de un combatiente no para la revolución”, concluyó para ser llevado otra vez al edificio sindical en andas por la multitud.

El traslado anoche a la capital de Paraná fue en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó camionetas blindadas, avión y helicópteros. El destino final fue la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde empezó a cumplir su pena.

Tras su llegada, hubo disturbios en la entrada del edificio y la policía tuvo que lanzar bombas de estruendo y disparar balas de goma para dispersar a los manifestantes que lanzaron palos y piedras contra los agentes. El enfrentamiento terminó con nueve heridos, entre ellos, un policía.

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