Puerta de la casa de Lucas Cabello, en Martin Rodríguez al 500, en el barrio porteño de La Boca. Gentileza Sur Capitalino

Los abogados de Lucas Cabello, el joven baleado por un agente de la Policía Metropolitana en La Boca, hablaron sobre el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones que exigió la detención “inmediata” del agente. y consideró al caso como “una gravísima violación a los derechos humanos”

Ala externa del pabellon central. Recorrida acompanado por autoridades dentro del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Dr Borda. Foto: Hernan Zenteno 3_5_12

A fines de noviembre, el juez de instrucción Osvaldo Rappa procesó al policía Ayala por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad, con exceso en ejercicio de legítima defensa”. Sin embargo, y pese a que le impuso un embargo hasta cubrir la suma de 300 mil pesos, el juez no dispuso la prisión preventiva para el agente.

En los últimos días, la Cámara de Apelaciones exigió a través de un fallo la detención “inmediata” del policía, dejando atrás lo dispuesto por el magistrado Rappa. Asimismo, se consideró al caso como “una gravísima violación a los derechos humanos”.

“La resolución de Cámara es muy importante porque, además de revertir la calificación y poner la adecuada, que es la de tentativa de homicidio agravado, hay dos cuestiones fundamentales que fueron tomadas por la cámara que son de sumo interés en términos jurisprudenciales”, comenzó la abogada Carpineti en diálogo con la Agencia Paco Urondo (APU).

“Cuando un agente del Estado, que fue dotado de herramientas para garantizar la seguridad de la población, se vale de ellas para atacar de manera criminal a una persona, esto configura una gravísima violación de derechos humanos, según dice la misma resolución, y en este sentido genera responsabilidad en la materia de Estado argentino, y en materia de responsabilidad internacional, incluso”, añadió Berguier.

Lucas Cabello

“Todo el proceso había sido llevado delante de manera deficitaria por el juez Rappa, justamente por no introducir en su análisis la perspectiva de la violencia institucional. Es decir, el caso de Lucas no fue analizado como si fuera un caso de violencia institucional, sino como si fuera un caso común en el que un ciudadano cualquiera agrede a otro”, señaló Gabriela Carpineti.

“Esta es una mala forma de analizar los casos judiciales, fue planteado por la PROCUVIN y fue receptado por los jueces de cámara cuando plantean que hay una gravísima violación de los derechos humanos en el caso”, agregó.

Los abogados también hablaron sobre el tratamiento del caso en los medios de comunicación y las intenciones de los funcionarios macristas de “maquillar” lo sucedido.

“El primer día después del hecho, el Diario La Nación tituló ‘enfrentamiento entre un trapito y un policía’. Esos mismos días, y en esa misma línea, también escuchamos a María Eugenia Vidal, en ese entonces vice jefa de gobierno porteño, diciendo que era un caso de violencia de género, lo cual quedó totalmente desmentido. Escuchamos a Guillermo Montenegro, que era el Ministro de Seguridad ensayando también una hipótesis que encubría el caso”, aseveró Nahuel Berguier.

Lamentablemente, lo que termina sucediendo en muchos casos de gatillo fácil es que se pierden en este tipo de declaraciones y en la estigmatización por parte de los funcionarios judiciales. Pero creo que lo importante en este hecho fue que del otro lado hubo una respuesta masiva por parte de los vecinos del barrio de La Boca, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la mesa de docentes, vecinos y trabajadores del sur de la ciudad contra la violencia institucional y los familiares de víctimas de gatillo fácil que la integran, los diputados nacionales y diputados de la Ciudad opositores al gobierno de Macri que acompañaron permanentemente a la familia Cabello, a todo el accionar de la justicia y el que llevó adelante la querella. A los docentes de la escuela de Lucas. Y, por supuesto, hay que destacar que hubo una herramienta institucional central, la PROCUVIN, que llevó adelante un trabajo fundamental en materia de recolección de pruebas, y posterior acusación. Creo que ese trabajo llevado adelante por esa herramienta institucional es un pilar fundamental para que hoy podamos estar yendo a un juicio oral con una calificación de estas características”, sentenció Carpineti.

El lunes 9 de noviembre, Lucas Cabello recibió tres impactos de bala: en una pierna con roce en un testículo, en la zona del mentón y en un muslo.

“Mi hijo fue atacado por el agente Ayala, que le disparó por la espalda y lo remató en el suelo”, aseguró Carolina, la madre del joven baleado. “Venía de comprar comida en la panadería de la esquina. No se trató de un enfrentamiento, ni de un tiroteo como dice la policía”, agregó.

También la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) salió al cruce de las versiones policiales que hablan de “enfrentamiento” o “tiroteo”: por el contrario, lo consideraron “una virtual ejecución o fusilamiento”.

En los últimos días, los abogados de la familia denunciaron presiones de la Policía Metropolitana para cambiar testimonios de vecinos y testigos.

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