El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía para que este país se vuelva el “filtro” oficial de los miles de refugiados que intentan llegar al Viejo Continente levanta polémica.
Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos internacionales salieron con los tapones de punta contra el acuerdo alcanzado entre los países que integran la Unión Europea y Turquía.
Según las autoridades, Ankara se comprometió a aceptar la devolución de “todos los inmigrantes irregulares que crucen desde Turquía a las islas griegas” en tanto y en cuanto se hagan cargo de los “costes de repatriación”.
Asimismo, los estados que integran de la Unión Europea prometieron que por cada sirio proveniente de las islas griegas que Turquía readmita en su territorio, otro sirio que esté refugiado en dicho país será bienvenido en algún país miembro.
“La expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, y un acuerdo que parece que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no es consistente con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional”, dijo el responsable europeo de Acnur, dependiente de la ONU.
“La preocupación persistente por enviar a la gente de vuelta a Turquía en vez de hacer esfuerzos incondicionales sobre la reubicación y ofrecer otras formas seguras y legales, muestra una actitud alarmante y miope”, señalaron con dureza desde Amnistía Internacional. “Este principio de acuerdo es inhumano, presenta defectos morales y legales”, remataron.
La situación es compleja: por un lado, se teme que miles de kurdos que escaparon, primero de la destrucción del Estado Islámico (ISIS) en Irak y en Siria, y luego de las fuerzas de seguridad turcas, sean hostigados, perseguidos y asesinados en Turquía en caso de ser devueltos allí; por el otro, el cierre de la frontera balcánica dejó varados a miles de refugiados en Grecia, viviendo en pésimas condiciones, por lo que las autoridades intentan cerrar – a la fuerza – cruce por el mar Egeo.
