El juez Roberto Gallardo, en calidad de subrogante del juzgado 6, le prohibió al Ministerio de Educación porteño que siga utilizando el mismo sistema de inscripción.
Hace algunos días atrás, el sindicato docente con mayor afiliación de la Ciudad de Buenos Aires denunció el procedimiento de la cartera educativa porteña por el que se le “exige a los docentes datos personales y sobre su participación en redes sociales para activar la cuenta oficial de correo electrónico que es condición para la relación laboral”.
Ahrora, la Justicia porteña ordenó quitar del formulario de inscripción online una clave de acceso obligatoria que, al modificarla, genera que la cartera educativa pueda acceder a todos los datos personales de los maestros.
“No se debe solicitar a los docentes ninguna información vinculada con su intimidad para condicionar su acceso. Esto es una violación a los derechos fundamentales”, señaló el juez Roberto Gallardo en su fallo.
“Esta dirección de mail es el canal oficial de comunicación interna en el sistema educativo. Por lo tanto, lo deben tener activo todos los docentes. Para realizar esta actualización, los usuarios deben permitir que se conozcan datos privados, acceso a sus fotos de Google, información sobre sus círculos de contactos entre otra información personaL”, habían advertido desde el gremio.
