El “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de la ONU le solicitó al gobierno argentino que libere a la dirigente política jujeña.

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“Hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. Se está vulnerando la independencia judicial. No existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. No existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación”, señalaron hace algunos días atrás.

Tras conocer la resolución, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) decidió hacerse eco y presentarle una nota al Estado Nacional para que informe “las acciones que está realizando para su liberación”.

“Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS le pedimos al Estado argentino que informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que le solicitó liberar de inmediato a Milagro Sala”, señalaron desde el organismo.

“La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino”, advirtieron.

“Ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones. Tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes”, remataron.

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