El gobierno de Mauricio Macri busca aumentar los controles en las fronteras para expulsar a los inmigrantes con antecedentes penales.
De la nada, cuando el tema no tocaba la puerta de los grandes medios de comunicación ni figuraba en la “agenda caliente” gubernamental, el senador del Frente Para la Victoria (FPV), Miguel Ángel Pichetto, volvió a poner en el tapete la cuestión migratoria.
“¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”, lanzó en una entrevista televisiva.
A partir de ahí todo se reactivó: se desempolvaron viejos planes para “endurecer las fronteras” y comenzaron a llover cataratas de rechazos y adhesiones.
? Patricia Bullrich se mete en la discusión por la inmigración: “La #Argentina es un país abierto” https://t.co/CkR4zivYti pic.twitter.com/PyFG6JJu4o
— Diario BA (@diariodeBA) 7 de noviembre de 2016
Uno de los primeros en salir a apoyarlo fue el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj: “Nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración: en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigraciones”.
En este contexto, “Clarín” confirmó que funcionarios del gobierno de Mauricio Macri confiaron en que se está preparando un decreto y un paquete de leyes para fortificar las políticas migratorias.
La idea es modificar la “Ley de Migraciones”, apuntalar una mayor “inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectarantecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación”.
Vale la pena recordar que ya en el mes de agosto, el gobierno había confirmado sus intenciones en torno a la instalación de una especie de “centro de detención para migrantes” en Pompeya, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
