Tras la modificación gubernamental a través de un DNU, la central obrera salió con los tapones de punta contra las autoridades.

“El decreto es inconstitucional: no están dadas las condiciones ni de necesidad ni de urgencia”, aseveró Jorge Sola, titular de la Secretaría de Prensa y Comunicación de la CGT.

“No tenemos la decisión de apoyar la reforma laboral del gobierno. Nunca expresamos que esto sería viable”, agregó con dureza el gremialista.

“Se necesita que haya empleo, estamos en pleno proceso de retroceso del empleo y de las fuentes de trabajo. Para que los trabajadores pasen a estar registrados tiene que haber un fuerte acomodamiento de la situación económica que no está pasando”, remató.

Tal cual se había adelantado en los últimos días, “Cambiemos” intenta retomar la iniciativa política con una serie de DNUs: esta vez implican modificaciones en el sistema de riesgos de trabajo en relación a las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad.

El decreto 54/2017 sobre las ART adopta los lineamientos del proyecto impulsado por el oficialismo que tiene media sanción en el Senado: el mismo establece que todo trabajador “debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral”. Desde allí deberán expedirse sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad.

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