El sindicalista, culpable por ser el autor intelectual del crimen, cumplía condena desde el 22 de febrero de 2011 en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
A Pedraza le dieron la domiciliaria el voto de dos jueces subrogantes. El único juez titular del TOC que lo condenó votó en contra.
— Por Mariano Ferreyra (@PorMariano) 25 de febrero de 2016
En septiembre de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 15 años de prisión – por ser considerados instigadores del homicidio – para José Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández.
En un giro inesperado, especialmente porque ya le habían denegado el pedido en otras oportunidades, el gremialista fue beneficiado con el régimen de prisión domiciliaria.
A partir de ahora, y hasta que se recupere de sus “problemas de salud”, Pedraza pasará los días en el piso de lujo que tiene en el barrio porteño de Palermo.
Pedraza cumplirá “prisión domiciliaria” en el piso 35 de esta torre de Palermo porque la cárcel común “lo deprime”. pic.twitter.com/lg873hDHmA
— Por Mariano Ferreyra (@PorMariano) 25 de febrero de 2016
Según comunicaron los abogados de la familia de Mariano Ferreyra y del Partido Obrero (PO), ninguno de los médicos que examinó a Pedraza afirmó que fuera necesario cambiar su lugar de reclusión para que mejore su estado de salud. La ley tampoco establece que, por su edad, necesite de ese beneficio: los jueces subrogantes que le dieron la prisión domiciliaria se basaron en la opinión del perito de parte, pagado por Pedraza.
“La resolución a favor del autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra no es justicia sino un retroceso”, señaló Diego Rojas, periodista y autor del libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”.
El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra fue asesinado a balazos por una patota de la Unión Ferroviaria mientras reclamaba por los trabajadores tercerizados del ferrocarril en Luján y Perdriel, en el barrio porteño de Barracas.
El hecho volvió a desnudar el entramado perverso tejido entre las burocracias sindicales y las autoridades gubernamentales para beneficiarse con la contratación de trabajadores tercerizados y precarizados: en el negocio estaban asociados empresas concesionarias (TBA, Metrovías, EMEPA), funcionarios del gobierno y el propio sindicato, la Unión Ferroviaria.
La actuación de la policía también respondió a los procedimientos habituales en este tipo de casos: liberó la zona cuando la patota decidió atacar a los trabajadores, vecinos y manifestantes. De manera increíble, además, “se perdieron” las grabaciones de video y audio del momento de los hechos.
La justicia, como siempre, también tuvo su parte: luego de la lucha y los recursos judiciales presentados por los abogados, el perito Roberto Locles fue condenado a un año de prisión por adulterar el proyectil que mató al militante del Partido Obrero.
